Las operaciones entre partes relacionadas requieren un análisis sustentado. En 2026 también es clave distinguir el ejercicio reportado del año de presentación.
Cuando dos empresas relacionadas intercambian bienes, servicios o financiamiento, el precio pactado necesita una explicación económica. En 2026, revisar estas operaciones implica conocer las obligaciones aplicables y organizar la evidencia que las respalda. Este artículo presenta las bases del tema; no presupone que exista una reforma especial de precios de transferencia por el simple cambio de año ni sustituye la revisión del caso concreto.
La Ley del ISR exige, en los supuestos aplicables, determinar ingresos y deducciones de operaciones con partes relacionadas utilizando precios o contraprestaciones que habrían empleado partes independientes en operaciones comparables. El análisis no se limita a vínculos con el extranjero: también deben revisarse las operaciones nacionales. [1]
Las directrices de la OCDE desarrollan el principio de plena competencia. La comparación no consiste únicamente en encontrar un precio parecido: exige comprender la operación y sus circunstancias. Las funciones realizadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos ayudan a explicar por qué dos transacciones aparentemente similares pueden requerir tratamientos distintos. [2]
Un expediente útil conecta contratos, cifras y actividad real. Como preparación, conviene identificar a las contrapartes, clasificar las operaciones y reunir información financiera que permita seguir los importes analizados. En servicios, puede ser necesario revisar entregables y responsabilidades; en financiamiento, las condiciones acordadas y su ejecución. Estas son pautas de organización, no una lista exhaustiva de requisitos legales.
La OCDE ofrece criterios para seleccionar y aplicar métodos, evaluar comparabilidad y documentar operaciones. La elección debe responder a las características del caso y a la calidad de la información disponible. Copiar un análisis previo sin revisar cambios en la operación puede dejar sin explicar diferencias importantes. [2]
La Ley del ISR establece obligaciones documentales e informativas con supuestos distintos. El artículo 76-A contempla declaraciones local, maestra y país por país para contribuyentes comprendidos en sus condiciones; no todas las empresas relacionadas deben presentar las tres. Para el ejercicio 2025, sus plazos legales ordinarios son el 15 de mayo de 2026 para la local y el 31 de diciembre de 2026 para maestra y país por país, cuando correspondan. [1]
Por eso, una declaración presentada en 2026 puede describir operaciones de 2025. Conviene registrar ambos años en el calendario interno y confirmar las reglas de presentación, facilidades y circunstancias aplicables. Las fechas anteriores no constituyen un calendario completo de todas las obligaciones de partes relacionadas.
El primer paso práctico es elaborar un mapa de operaciones: quién participa, qué se intercambia, con qué frecuencia y qué información existe. Después puede definirse el alcance del análisis y asignar responsables de obtener documentos. Este trabajo es más claro cuando participan tanto contabilidad como las áreas que ejecutan las transacciones.
El objetivo es que la conclusión económica pueda seguirse desde los hechos hasta las cifras. Un estudio no debe entenderse como una garantía frente a cualquier revisión, sino como parte de un expediente coherente, actualizado y explicable.
¿Tu empresa realiza operaciones con partes relacionadas? Solicita una revisión de su alcance y de las obligaciones documentales e informativas que podrían corresponderle.
Contenido informativo general. La aplicación de las disposiciones depende de las características de cada operación y contribuyente; requiere revisión profesional antes de tomar decisiones.
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